lunes, 27 de abril de 2020


ATN:UNA DISCUSION POLITICA E IDEOLOGICA




El debate en nuestra provincia sobre el destino de la Ayuda al Tesoro Nacional (ATN) ha puesto sobre la mesa un tema excluido generalmente como lo es la distribución de fondos en el triaje Nación-Provincia-Municipios, el que se rige por principios básicos de coparticipación, disminuido históricamente por leyes nacionales especiales, pero que con cierta previsibilidad y continuidad son los principales ingresos a las economías locales.

Por fuera de esa masa coparticipable, la Ley Nacional de Coparticipación 23548/1988 crea los conocidos ATN (Fondo de Ayudas del Tesoro Nacional) conformado por el 1% de esa masa, quedando su administración a cargo del Ministerio del Interior, para cubrir “situaciones de emergencia y desequilibrio financiero” de las provincias, no está claro el alcance de esa definición, por lo cual el criterio de asignación estuvo siempre sujeto a interpretación.
En la práctica, la distribución de ese fondo ha sido históricamente errática, dependiendo de la forma de construcción de poder político del gobierno nacional de turno.
Es así, que, en el periodo del menemismo, los ATN fueron verdaderas herramientas políticas dirigidas a los municipios, quedando en manos de legisladores nacionales la conexión entre el gobierno nacional y el municipio, lo que permitió acceder a fondos que fueron utilizados en formas diversas, no siempre atendiendo al concepto de emergencia financiera.
 Luego, esa relación directa Nación-Municipios, se fue diluyendo y las Provincias comenzaron a coordinar la llegada de ATN a cada municipio, no solo políticamente, sino también administrativamente, ya que los fondos son recibidos por la Provincia y redirigidos al municipio, que para solicitarlo debía acompañar informes de situación fiscal local y provincial. Este mecanismo se aplicó después de la crisis económica del 2001, cuando se aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal, ordenando contablemente su entrega, aunque no pudiendo definirse completamente su objetivo y si ese fin era compatible con su concepto legal.
Hoy, surge un debate, entre posturas políticas disimiles, entre legisladores, funcionarios e intendentes, sobre si los ATN deben o no ser redistribuidos a los municipios, que, producto de la pandemia, ven drásticamente disminuidos sus fondos de coparticipación y a la vez, reclaman ayudas especiales a un gobierno provincial con dificultades igualmente graves.
Quizás, más interesante que debatir si corresponden a uno u otro poder, es definir como v se definirán políticas conjuntas de salvataje para los 2 niveles de gobierno. En conjunto, solidaria y coordinadamente, pensando en la economía globalmente, porque políticamente es evidente que no sirve el que solo pueda sobrevivir uno de los dos niveles, ya que ambos coexisten y se necesitan unos a otros.
Es importante distinguir también, la composición demográfica de cada gobierno local, su porcentaje de dependencia de la coparticipación y sus ingresos propios, su comportamiento fiscal, la existencia o no de fondos anticíclicos y la posibilidad de considerar tiempos a corto y mediano plazo de reactivación económica.
En tiempos de crisis, la primera reacción es el aislamiento y el dictado de normas autónomas, cuando la experiencia demuestra que solo la apertura hacia todos los involucrados, es la única forma de pasar esta etapa y poder planificar los años que vendrán.
Las vivencias de las dificultades del año 2001, sobre todo en el reacomodamiento económico interno de cada municipio para poder afrontar los compromisos esenciales y no cortar la cadena de pago en la que el Estado es el elemento único y fundamental, resulta importante a la hora de dejar de mirar superficialmente los problemas y buscar las mejores respuestas a las preguntas cotidianas que hoy se hacen quienes tienen la responsabilidad de administrar y, además, no olvidemos, de gobernar.
Buscar una fórmula mixta, que contemple los intereses de las dos partes, considerando que Entre Ríos es una provincia que posee pocos aglomerados urbanos de gran acumulación demográfica y basa su desarrollo en las economías regionales que giran alrededor de comunidades de menos de 30.000 habitantes, es un desafío que no podrá resolverse sólo  desde una banca o  un ministerio de economía,  sino que deberá buscarse en conjunto, negociando y cediendo ambas algo de lo que cree es su legítimo patrimonio y derecho.

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