ATN:UNA DISCUSION POLITICA E IDEOLOGICA
El
debate en nuestra provincia sobre el destino de la Ayuda al Tesoro Nacional
(ATN) ha puesto sobre la mesa un tema excluido generalmente como lo es la distribución
de fondos en el triaje Nación-Provincia-Municipios, el que se rige por
principios básicos de coparticipación, disminuido históricamente por leyes nacionales
especiales, pero que con cierta previsibilidad y continuidad son los
principales ingresos a las economías locales.
Por
fuera de esa masa coparticipable, la Ley Nacional de Coparticipación 23548/1988
crea los conocidos ATN (Fondo de Ayudas del Tesoro Nacional) conformado por el
1% de esa masa, quedando su administración a cargo del Ministerio del Interior,
para cubrir “situaciones de emergencia y desequilibrio financiero” de las
provincias, no está claro el alcance de esa definición, por lo cual el criterio
de asignación estuvo siempre sujeto a interpretación.
En
la práctica, la distribución de ese fondo ha sido históricamente errática,
dependiendo de la forma de construcción de poder político del gobierno nacional
de turno.
Es
así, que, en el periodo del menemismo, los ATN fueron verdaderas herramientas políticas
dirigidas a los municipios, quedando en manos de legisladores nacionales la conexión
entre el gobierno nacional y el municipio, lo que permitió acceder a fondos que
fueron utilizados en formas diversas, no siempre atendiendo al concepto de
emergencia financiera.
Luego, esa relación directa Nación-Municipios,
se fue diluyendo y las Provincias comenzaron a coordinar la llegada de ATN a
cada municipio, no solo políticamente, sino también administrativamente, ya que
los fondos son recibidos por la Provincia y redirigidos al municipio, que para
solicitarlo debía acompañar informes de situación fiscal local y provincial.
Este mecanismo se aplicó después de la crisis económica del 2001, cuando se
aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal, ordenando contablemente su entrega,
aunque no pudiendo definirse completamente su objetivo y si ese fin era
compatible con su concepto legal.
Hoy,
surge un debate, entre posturas políticas disimiles, entre legisladores,
funcionarios e intendentes, sobre si los ATN deben o no ser redistribuidos a
los municipios, que, producto de la pandemia, ven drásticamente disminuidos sus
fondos de coparticipación y a la vez, reclaman ayudas especiales a un gobierno
provincial con dificultades igualmente graves.
Quizás,
más interesante que debatir si corresponden a uno u otro poder, es definir como
v se definirán políticas conjuntas de salvataje para los 2 niveles de gobierno.
En conjunto, solidaria y coordinadamente, pensando en la economía globalmente,
porque políticamente es evidente que no sirve el que solo pueda sobrevivir uno
de los dos niveles, ya que ambos coexisten y se necesitan unos a otros.
Es
importante distinguir también, la composición demográfica de cada gobierno
local, su porcentaje de dependencia de la coparticipación y sus ingresos
propios, su comportamiento fiscal, la existencia o no de fondos anticíclicos y
la posibilidad de considerar tiempos a corto y mediano plazo de reactivación económica.
En
tiempos de crisis, la primera reacción es el aislamiento y el dictado de normas
autónomas, cuando la experiencia demuestra que solo la apertura hacia todos los
involucrados, es la única forma de pasar esta etapa y poder planificar los años
que vendrán.
Las
vivencias de las dificultades del año 2001, sobre todo en el reacomodamiento económico
interno de cada municipio para poder afrontar los compromisos esenciales y no
cortar la cadena de pago en la que el Estado es el elemento único y
fundamental, resulta importante a la hora de dejar de mirar superficialmente
los problemas y buscar las mejores respuestas a las preguntas cotidianas que
hoy se hacen quienes tienen la responsabilidad de administrar y, además, no
olvidemos, de gobernar.
Buscar
una fórmula mixta, que contemple los intereses de las dos partes, considerando
que Entre Ríos es una provincia que posee pocos aglomerados urbanos de gran acumulación
demográfica y basa su desarrollo en las economías regionales que giran
alrededor de comunidades de menos de 30.000 habitantes, es un desafío que no podrá
resolverse sólo desde una banca o un ministerio de economía, sino que deberá buscarse en conjunto,
negociando y cediendo ambas algo de lo que cree es su legítimo patrimonio y
derecho.
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