El documento suscripto en Rosario del Tala por dirigentes kirchnerista evidencia la confusión que existe en esa corriente sobre el verdadero sentido de la Nación y el Estado, lo que los lleva a analizar erróneamente el pasado y basar su análisis de la realidad sobre principios esenciales que hacen a nuestra historia y que son la base del debate político actual de una manera sesgada y subjetiva.
Para ello hay que entender que el sentimiento de conformar una Nación nos unió al proclamar la Independencia en 1816 y que fue a partir de 1853 que conformamos un Estado representativo, republicano y Federal. Sin embargo, algunos dirigentes continúan sin saber diferenciar lo uno de lo otro.
La Nación es un sentimiento de pertenencia histórica que unió a las provincias, consientes de un pasado en común y la necesidad de fomentar un futuro en conjunto, cuando en 1816 ellas deciden independizarse proclamándose como las Provincias Unidas del Sud.
El Estado, jurídica y políticamente organizado, surge cuando ellas deciden, por “propia voluntad y elección” reunirse y conformar un país, y para ello eligen hacerlo con principios federales conformando un Estado Nacional al que delegan ciertas funciones definidas claramente en la Constitución de 1853 , pero con la inteligencia y la visión de reservarse para sí otras facultades que les servirán en el siglo pasado para definir, decidir y hacer de acuerdo a lo que les marque la identidad, la cultura y la historia del pueblo en el que desarrollaron sus instituciones y que las diferencia unas de otras.
Confundir Nación con Estado los hace cometer errores de interpretación que llevan a lo que los dirigentes mencionan como “la contradicción principal: ser Nación o Dominados” o cuando resumen en sólo los últimos 40 años como el periodo en que hubo “incapacidad de resolver nuestras propias contradicciones”.
En realidad, las contradicciones existen desde nuestra propio origen como Estado y se basan principalmente en la distribución dispar de los fondos entre Estado Nacional- Provincias siempre poniendo en el centro de la discusión aquellos recursos que a pesar de ser captados en todo el territorio nacional sólo son administrados por el Estado, hecho que se profundiza y mucho en los últimos 8 años.
Las crisis reales o imaginarias han logrado que en 8 años el Estado avance sobre las autonomías provinciales, no en forma institucional o política directa sino a través de la cada vez más profunda dependencia económica de los gobiernos provinciales con el Estado Central.
Esa dependencia, resumida a partir del 2001 en la ley del Impuesto al Cheque, el aumento descontrolado de los porcentajes de los derechos de importación y exportación, la retención de porcentajes de coparticipación primaria para atender déficits actualmente inexistentes o bien, la creación de artilugios económicos que profundizan las diferencias sociales entre los pueblos del interior y la zona central del país, menoscaba la soberanía política que los convencionales de 1853 plasmaron como el eje central de la organización de este país.
Por eso, resulta llamativo el documento publicado, intentando a mi parecer, confundir y reunir temas que no son los verdaderos motivos del debate actual.
Algunos siguen atados a resabios ideológicos que la Argentina ya ha rechazado y con la sangre de muchos convecinos. Otros intentan manipular a su placer definiciones históricas del Movimiento Nacional Justicialista y contraponen lo popular y nacional a lo….popular y nacional, claro que con el agregado de la distribución federal de recursos y la mantención de la independencia de administración y decisión de los Gobiernos Provinciales.
El debate debe centrarse en los mismos términos que luchó nuestros caudillos federales en el periodo 1816-1860 o que fueron el discurso hecho realidad de Juan Domingo y Eva Perón: la vigencia del federalismo como una doctrina política en la que las provincias mantienen su autonomía plena y entienden al Estado Central como un organismo administrador sólo de ciertas funciones distribuyendo los recursos de tal forma de evitar la arbitrariedad y la subjetividad propia de gobiernos autoritarios y totalitarios; y la justicia social como el objetivo fundamental de lograr con ella la mejor calidad de vida integral para el ser humano, esto es vivienda digna, servicios de salud y educación dignos para todos y empleo genuino, sin limosnas o dádivas que actualmente se reflejan en algunas mal llamadas políticas sociales.
Esos son los temas centrales, lo demás surge de la vaga pero presente necesidad de fundamentar políticas y posturas que nada tienen que ver con la historia de este país ni con los principios del peronismo bien entendido.
