sábado, 21 de abril de 2012
viernes, 20 de abril de 2012
SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO
SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO: Buen Gobierno y calidad de la Democracia Locla
"Buen Gobierno y Calidad de la Democracia Local. 14 al 18 de Octubre en Almería (España). Dos espacios para compartir: ExpoLocal y X Congreso UIM ... Vívelo para que no te lo tengan que contar.
http://www.uimunicipalistas.org/#/noticias.txt/?idnot=383
http://www.uimunicipalistas.org/
http://www.facebook.com/uimunicipalistas
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lunes, 9 de abril de 2012
Subsidios “deprimidos” para provincias sumisas
Publicado el 9 abr 2012. Archivado bajo Política.
“No hay autonomía posible dentro de un sistema tributario que concentra en el gobierno nacional los rubros más productivos de la renta, aún cuando se busquen compensaciones en el curso deprimente de los subsidios. La subordinación excesiva que sea genera arruina el concepto de la personalidad política de los estados federales y nos aproxima cada día más al centralismo gubernamental que no es el de la Constitución ni está en la voluntad de los pueblos de las provincias; hemos hecho del gobierno central un organismo demasiado poderoso, que no es el que quisieron formar nuestros instituyentes y que debido a eso, ha sido el factor principal de muchas de las perturbaciones que soportó la Nación”.
Casa Rosada: el centralismo más grave.
Estas palabras proféticas, pronunciadas hace 80 años, están contenidas en una carta, citada por Rafael Oscar Cuello, que le mandó en mayo de 1932 el gobernador de Entre Ríos, Luis Lorenzo Etchevehere, a su par de Santa Fe, Luciano Molinas, para advertirle del curso que estaban tomando las cosas, que hoy ha avanzado tanto que las provincias están asfixiadas y algunas son declaradas “inviables” por el poder que las asfixia. De ese mismo centro de poder parten de tanto en tanto teorizaciones sobre una nueva distribución de regiones en la Argentina, con miras a hacer las operaciones más cómodas a Buenos Aires.
La idea es muy sencilla: devolver a las provincias lo que les pertenece según la constitución nacional. En lugar de eso, en su momento legisladores nacionales entrerrianos declararon por ejemplo que no apoyarán la coparticipación del impuesto al cheque porque se trata de una “maniobra política opositora”. ¿Cuándo estaremos en condiciones de devolver a las provincias su dinero sin que medie ninguna maniobra política? Los entrerrianos, muy lejos del ideario de Artigas que de todos modos usan para adornar sus discursos, no representan a su pueblo sino más bien a la city porteña al punto que para que su provincia no reciba nada, anunciaron con penoso orgullo que irían a la justicia en caso de que la coparticipación fuera aprobada, lo que no aconteció, pero de todos modos, la presidenta lo vetaría “con toda razón”. Con toda la razón del poder central.
Los legisladores luchaban por fidelidad al poder central para mantener y no coparticipar un impuesto regresivo, que favorece la economía en negro, que fue impuesto por Domingo Cavallo en una crisis terminal y sabiendo que la constitución manda que todos los impuestos sean coparticipables.
En Centroamérica, cuando el imperio necesitaba perpetuar su dominio en las repúblicas bananeras, se compraban legisladores “más baratos que una mula”.
El gobernador Etchevehere, en una época donde la gesta de López Jordán estaba más próxima y el orgullo provincial más vivo, advertía sobre “el curso deprimente de los subsidios”.
Ya no se trata de deprimente solamente, los subsidios son opresivos, obligan a mendigar, a juntar tacos, a juras lealtades, a construir “estrategias” con base en la miseria, en el servilismo y la obsecuencia, a declarar “alineamientos incondicionales” con el que se ha hecho propietario de todo y a todos los ha convertido en esclavos. Hace décadas, un embajador de los Estados Unidos visitó Entre Ríos. Como el gobernador estaba ausente, lo recibieron los tres ministros.
Les preguntó si Entre Ríos podía disponer de su dinero libremente, y aclaró que en Georgia, su estado natal, se cuidaban mucho de controlar al estado federal de modo de que no se quedara con un centavo “georgiano”.
Le contestó algo así como una súbita mudez, seguida de un intento de explicar que el dinero de las provincias ricas iba a las provincias pobres, que entre nosotros prevalecía la solidaridad, pero sin mentar la avidez del poder central. El embajador tuvo lo que quería y ya sabía: no eran acá las cosas como en Georgia. Semanas más tarde abandonó la embajada y se instaló con un banco en Rosario. Estaba seguro de que todo iría bien; las provincias estaban sujetas y no reclamaban nada.
Por “decreto de necesidad y emergencia” (poco cambiaron las cosas, las palabras casi nada) la dictadura filofascista de José Félix Uriburu estableció en 1932 el régimen de cobro nacional de impuestos, que luego se distribuirían a las provincias, raíz de nuestros males actuales.
Luego el entrerriano Agustín Justo, otro general presidente de facto de la “década infame” mandó al congreso la ley de emergencia a los réditos. En la sesión donde se discutió el senador entrerriano Atanasio Eguiguren. Hace ocho décadas dijo con referencia a la ley de emergencia a los réditos: “… la consecuencia de este impuesto a los réditos será el empobrecimiento de las provincias, el desquicio de sus rentas y entonces tendrán que venir a mendigar al gobierno central que las sustituya en el cumplimiento de los servicios…”.
Más claro, agua. Más real, imposible, más previsor, no pude pedirse.
Pero desde entonces al menos en un punto nos hemos perfeccionado: la mendicidad de las provincias parece natural; el derecho de la nación a distribuir lo que no es suyo no se discute. La propiedad real de los recursos tampoco. Entre Ríos no recibe ni el 25 por ciento de lo que la nación retira de ella; pero sus gobernantes, a diferencia de Etchevehere o Eguiguren, celebran e invitan a todos a celebrar que les hayan enviado ese porcentaje, y se felicitan por las “buenas relaciones estratégicas” con el poder central, que los tuvo en cuenta para enviarles su rancho cotidiano.
En aquella sesión Eguiguren aclaró que las contribuciones directas a que se refiere la constitución nacional están sujetas a la facultad del congreso de imponerlas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la República, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. “Al no concurrir ninguno de estos extremos el recurso en discusión debe ser descartado”. Desde hace 80 años vivimos en situación extraordinaria, pero no por lo que manda la constitución, sino porque alimentamos y padecemos una criatura hipertrófica: el estado nacional, que se queda con casi todos los recursos y manda que ni siquiera pensemos en discutirle el punto.
La discusión de que participó Eguiguren terminó aprobando el proyecto que él rechazaba, pero solo “por tres años”, hasta el 31 de diciembre de 1934. Ese mes y año, Justo hizo sancionar un proyecto, la ley 12 139 de coparticipación de impuestos, que extendía la emergencia por 20 años. Es notable la presciencia de nuestros gobernantes de entonces, que tenían perfectamente en claro cuánto iba a durar la emergencia. O tal vez no fuera emergencia lo que tenían en mente.
La emergencia perpetua quizá ha sido la causa de que los países del primer mundo nos llamen “estado emergente”, porque ya Rosas, en su testamento político, escrito en su chacra inglesa cerca de Southampon a los 83 años, decía: “las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos”. Hasta ahora no hemos tenido nunca “tiempos tranquilos y serenos”.
Como tío rico, como poder financiero, como gran capital, el gobierno nacional impone, corrompe, exige vasallaje y manda qué se puede hacer y qué no, y quién puede hacerlo si es amigo o no puede hacer nada si es adversario. El gobierno central, generalmente ignorante de todo lo que pasa fuera de los 250 kilómetros cuadrados donde echó raíces, decide si en una provincia cualquiera hay que hacer una escuela o un camino; no porque tenga razón o vea más lejos, sino porque se ha apropiado de los recursos.
Qué dice la Constitución
La constitución nacional en su artículo 75 establece que las provincias deben tener asegurado automáticamente su dinero y advierte que la distribución deberá ser equitativa, solidaria y procurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Letra muerta. Las cláusulas constitucionales no se cumplen porque los impuestos, la coparticipación y la distribución de ingresos son política que enmascara relaciones de fuerza en que todo está en manos del gran capital.
En el fondo, por supuesto, la cuestión no es de sistema federal o unitario, sino de apropiación de las rentas. Nunca el capital financiero, ni la oligarquía, no los imperios a cuyo servicio han estado los gobiernos argentinos, han dejado de atender esta cuestión, y nos han dejado a nosotros otras más menudas.
Los llamados “pactos fiscales” eran exacciones del estado federal a las provincias, consentidas por éstas que al final, cuando vieron en qué situación quedaban, empezaron a tender la mano con más insistencia, esperando mejorar su situación por vía de la mendicidad organizada, como había previsto Eguiguren en los momentos en que debió discutir la “coparticipación federal” en 1932.
Desde que el capital financiero exigió a la Argentina el pago de la deuda externa fraudulenta sin chistar ni examinar nada y aceptando montos que no se sabe cómo se calcularon, las encargadas de pagar esas sumas fueron también las provincias. Por eso la cuestión de la deuda es esencial, no por la independencia del Banco Central ni la “gravedad institucional”, sino porque implica creciente dependencia, más servilismo y más genuflexión ante un poder que necesita cada vez más dinero.
En la historia argentina la apropiación de las rentas fiscales ha sido motivo esencial de disputas y guerras internas en las épocas de enfrentamientos entre federales y unitarios. Jamás la oligarquía y los intereses financieros foráneos han dejado de cinchar en esta pugna, aún en nuestros días.
El modelo federal de Mostesquieu se refería a control mutuo de los poderes, tenía en vista sobre todo el absolutismo y creaba condiciones para evitarlo. Coordinaba mediante la cooperación las diversas funciones del Estado. Pero el federalismo norteamericano, que es el que influyó en nuestros constituyentes y quizá se avenía mejor con las autonomías de hecho que existían en el primitivo territorio argentino, se centraba más que en la división en la separación de los poderes. Presidente, cámaras legislativas, poder judicial autónomos, no solo en el nivel central sino en cada estado.
En nuestro país, las provincias son anteriores a la nación, y retienen todo el poder no delegado expresamente. Por ejemplo: el gobierno nacional, acostumbrado al atropello sistemático, pretende legislar sobre la prensa en todo el país, a propósito de su entredicho con el grupo Clarín. Pero la prensa, no solo la escrita que era la única que existía entonces, sino todo lo que vino después en materia electrónica, está contenida en los “pactos preexistentes” a la constitución y Entre Ríos no ha delegado su manejo a nadie y nadie puede por consiguiente imponerle nada en esta materia, salvo por la debilidad de sus gobernantes.
Desde el gobierno de Justo, tenemos la gangrena llamada “coparticipación federal”, que hace fluir los recursos en la dirección contraria a la constitucional, pero con el agravante de que el “costo” de recaudación y distribución es el 75 por ciento del total, que se queda en manos del poder central.
El servilismo que se ha creado por este camino ha llegado a que algunos gobernadores, incluso de provincias a las que antes había que mandarles un ejército para arrancarles algo, ¡no saben qué decir y finalmente se niegan a recibir dinero del impuesto al cheque, que la oposición quiere hacer coparticipable!.
Temen incomodar al califa, pero no saben que al califa también se lo incomoda por exceso, no solo por defecto. Y que ni el califa recibía tales testimonios de incondicionalidad, porque como dice Jakob Burkhardt, a los orientales no se les podía sacar un centavo sin tortura. Las reverencias no deben ser tan grandes que nos rompamos la frente contra el suelo.
“No hay autonomía posible dentro de un sistema tributario que concentra en el gobierno nacional los rubros más productivos de la renta, aún cuando se busquen compensaciones en el curso deprimente de los subsidios. La subordinación excesiva que sea genera arruina el concepto de la personalidad política de los estados federales y nos aproxima cada día más al centralismo gubernamental que no es el de la Constitución ni está en la voluntad de los pueblos de las provincias; hemos hecho del gobierno central un organismo demasiado poderoso, que no es el que quisieron formar nuestros instituyentes y que debido a eso, ha sido el factor principal de muchas de las perturbaciones que soportó la Nación”.
Casa Rosada: el centralismo más grave.
Estas palabras proféticas, pronunciadas hace 80 años, están contenidas en una carta, citada por Rafael Oscar Cuello, que le mandó en mayo de 1932 el gobernador de Entre Ríos, Luis Lorenzo Etchevehere, a su par de Santa Fe, Luciano Molinas, para advertirle del curso que estaban tomando las cosas, que hoy ha avanzado tanto que las provincias están asfixiadas y algunas son declaradas “inviables” por el poder que las asfixia. De ese mismo centro de poder parten de tanto en tanto teorizaciones sobre una nueva distribución de regiones en la Argentina, con miras a hacer las operaciones más cómodas a Buenos Aires.
La idea es muy sencilla: devolver a las provincias lo que les pertenece según la constitución nacional. En lugar de eso, en su momento legisladores nacionales entrerrianos declararon por ejemplo que no apoyarán la coparticipación del impuesto al cheque porque se trata de una “maniobra política opositora”. ¿Cuándo estaremos en condiciones de devolver a las provincias su dinero sin que medie ninguna maniobra política? Los entrerrianos, muy lejos del ideario de Artigas que de todos modos usan para adornar sus discursos, no representan a su pueblo sino más bien a la city porteña al punto que para que su provincia no reciba nada, anunciaron con penoso orgullo que irían a la justicia en caso de que la coparticipación fuera aprobada, lo que no aconteció, pero de todos modos, la presidenta lo vetaría “con toda razón”. Con toda la razón del poder central.
Los legisladores luchaban por fidelidad al poder central para mantener y no coparticipar un impuesto regresivo, que favorece la economía en negro, que fue impuesto por Domingo Cavallo en una crisis terminal y sabiendo que la constitución manda que todos los impuestos sean coparticipables.
En Centroamérica, cuando el imperio necesitaba perpetuar su dominio en las repúblicas bananeras, se compraban legisladores “más baratos que una mula”.
El gobernador Etchevehere, en una época donde la gesta de López Jordán estaba más próxima y el orgullo provincial más vivo, advertía sobre “el curso deprimente de los subsidios”.
Ya no se trata de deprimente solamente, los subsidios son opresivos, obligan a mendigar, a juntar tacos, a juras lealtades, a construir “estrategias” con base en la miseria, en el servilismo y la obsecuencia, a declarar “alineamientos incondicionales” con el que se ha hecho propietario de todo y a todos los ha convertido en esclavos. Hace décadas, un embajador de los Estados Unidos visitó Entre Ríos. Como el gobernador estaba ausente, lo recibieron los tres ministros.
Les preguntó si Entre Ríos podía disponer de su dinero libremente, y aclaró que en Georgia, su estado natal, se cuidaban mucho de controlar al estado federal de modo de que no se quedara con un centavo “georgiano”.
Le contestó algo así como una súbita mudez, seguida de un intento de explicar que el dinero de las provincias ricas iba a las provincias pobres, que entre nosotros prevalecía la solidaridad, pero sin mentar la avidez del poder central. El embajador tuvo lo que quería y ya sabía: no eran acá las cosas como en Georgia. Semanas más tarde abandonó la embajada y se instaló con un banco en Rosario. Estaba seguro de que todo iría bien; las provincias estaban sujetas y no reclamaban nada.
Por “decreto de necesidad y emergencia” (poco cambiaron las cosas, las palabras casi nada) la dictadura filofascista de José Félix Uriburu estableció en 1932 el régimen de cobro nacional de impuestos, que luego se distribuirían a las provincias, raíz de nuestros males actuales.
Luego el entrerriano Agustín Justo, otro general presidente de facto de la “década infame” mandó al congreso la ley de emergencia a los réditos. En la sesión donde se discutió el senador entrerriano Atanasio Eguiguren. Hace ocho décadas dijo con referencia a la ley de emergencia a los réditos: “… la consecuencia de este impuesto a los réditos será el empobrecimiento de las provincias, el desquicio de sus rentas y entonces tendrán que venir a mendigar al gobierno central que las sustituya en el cumplimiento de los servicios…”.
Más claro, agua. Más real, imposible, más previsor, no pude pedirse.
Pero desde entonces al menos en un punto nos hemos perfeccionado: la mendicidad de las provincias parece natural; el derecho de la nación a distribuir lo que no es suyo no se discute. La propiedad real de los recursos tampoco. Entre Ríos no recibe ni el 25 por ciento de lo que la nación retira de ella; pero sus gobernantes, a diferencia de Etchevehere o Eguiguren, celebran e invitan a todos a celebrar que les hayan enviado ese porcentaje, y se felicitan por las “buenas relaciones estratégicas” con el poder central, que los tuvo en cuenta para enviarles su rancho cotidiano.
En aquella sesión Eguiguren aclaró que las contribuciones directas a que se refiere la constitución nacional están sujetas a la facultad del congreso de imponerlas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la República, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. “Al no concurrir ninguno de estos extremos el recurso en discusión debe ser descartado”. Desde hace 80 años vivimos en situación extraordinaria, pero no por lo que manda la constitución, sino porque alimentamos y padecemos una criatura hipertrófica: el estado nacional, que se queda con casi todos los recursos y manda que ni siquiera pensemos en discutirle el punto.
La discusión de que participó Eguiguren terminó aprobando el proyecto que él rechazaba, pero solo “por tres años”, hasta el 31 de diciembre de 1934. Ese mes y año, Justo hizo sancionar un proyecto, la ley 12 139 de coparticipación de impuestos, que extendía la emergencia por 20 años. Es notable la presciencia de nuestros gobernantes de entonces, que tenían perfectamente en claro cuánto iba a durar la emergencia. O tal vez no fuera emergencia lo que tenían en mente.
La emergencia perpetua quizá ha sido la causa de que los países del primer mundo nos llamen “estado emergente”, porque ya Rosas, en su testamento político, escrito en su chacra inglesa cerca de Southampon a los 83 años, decía: “las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos”. Hasta ahora no hemos tenido nunca “tiempos tranquilos y serenos”.
Como tío rico, como poder financiero, como gran capital, el gobierno nacional impone, corrompe, exige vasallaje y manda qué se puede hacer y qué no, y quién puede hacerlo si es amigo o no puede hacer nada si es adversario. El gobierno central, generalmente ignorante de todo lo que pasa fuera de los 250 kilómetros cuadrados donde echó raíces, decide si en una provincia cualquiera hay que hacer una escuela o un camino; no porque tenga razón o vea más lejos, sino porque se ha apropiado de los recursos.
Qué dice la Constitución
La constitución nacional en su artículo 75 establece que las provincias deben tener asegurado automáticamente su dinero y advierte que la distribución deberá ser equitativa, solidaria y procurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Letra muerta. Las cláusulas constitucionales no se cumplen porque los impuestos, la coparticipación y la distribución de ingresos son política que enmascara relaciones de fuerza en que todo está en manos del gran capital.
En el fondo, por supuesto, la cuestión no es de sistema federal o unitario, sino de apropiación de las rentas. Nunca el capital financiero, ni la oligarquía, no los imperios a cuyo servicio han estado los gobiernos argentinos, han dejado de atender esta cuestión, y nos han dejado a nosotros otras más menudas.
Los llamados “pactos fiscales” eran exacciones del estado federal a las provincias, consentidas por éstas que al final, cuando vieron en qué situación quedaban, empezaron a tender la mano con más insistencia, esperando mejorar su situación por vía de la mendicidad organizada, como había previsto Eguiguren en los momentos en que debió discutir la “coparticipación federal” en 1932.
Desde que el capital financiero exigió a la Argentina el pago de la deuda externa fraudulenta sin chistar ni examinar nada y aceptando montos que no se sabe cómo se calcularon, las encargadas de pagar esas sumas fueron también las provincias. Por eso la cuestión de la deuda es esencial, no por la independencia del Banco Central ni la “gravedad institucional”, sino porque implica creciente dependencia, más servilismo y más genuflexión ante un poder que necesita cada vez más dinero.
En la historia argentina la apropiación de las rentas fiscales ha sido motivo esencial de disputas y guerras internas en las épocas de enfrentamientos entre federales y unitarios. Jamás la oligarquía y los intereses financieros foráneos han dejado de cinchar en esta pugna, aún en nuestros días.
El modelo federal de Mostesquieu se refería a control mutuo de los poderes, tenía en vista sobre todo el absolutismo y creaba condiciones para evitarlo. Coordinaba mediante la cooperación las diversas funciones del Estado. Pero el federalismo norteamericano, que es el que influyó en nuestros constituyentes y quizá se avenía mejor con las autonomías de hecho que existían en el primitivo territorio argentino, se centraba más que en la división en la separación de los poderes. Presidente, cámaras legislativas, poder judicial autónomos, no solo en el nivel central sino en cada estado.
En nuestro país, las provincias son anteriores a la nación, y retienen todo el poder no delegado expresamente. Por ejemplo: el gobierno nacional, acostumbrado al atropello sistemático, pretende legislar sobre la prensa en todo el país, a propósito de su entredicho con el grupo Clarín. Pero la prensa, no solo la escrita que era la única que existía entonces, sino todo lo que vino después en materia electrónica, está contenida en los “pactos preexistentes” a la constitución y Entre Ríos no ha delegado su manejo a nadie y nadie puede por consiguiente imponerle nada en esta materia, salvo por la debilidad de sus gobernantes.
Desde el gobierno de Justo, tenemos la gangrena llamada “coparticipación federal”, que hace fluir los recursos en la dirección contraria a la constitucional, pero con el agravante de que el “costo” de recaudación y distribución es el 75 por ciento del total, que se queda en manos del poder central.
El servilismo que se ha creado por este camino ha llegado a que algunos gobernadores, incluso de provincias a las que antes había que mandarles un ejército para arrancarles algo, ¡no saben qué decir y finalmente se niegan a recibir dinero del impuesto al cheque, que la oposición quiere hacer coparticipable!.
Temen incomodar al califa, pero no saben que al califa también se lo incomoda por exceso, no solo por defecto. Y que ni el califa recibía tales testimonios de incondicionalidad, porque como dice Jakob Burkhardt, a los orientales no se les podía sacar un centavo sin tortura. Las reverencias no deben ser tan grandes que nos rompamos la frente contra el suelo.
sábado, 7 de abril de 2012
Opinion Analisis Digital sobre economía provincial
Los encomiables esfuerzos del gobierno por maquillar las severas dificultades que enfrentan sus finanzas y que ha tenido una manera de exteriorizarse con una novedosa fragmentación a la hora de liquidar los haberes de marzo, resultan vanos. Hablar de adelanto cuando el pago en cuotas se registra sobre mes ya vencido con haberes devengados y en consecuencia procede la cancelación total, es un modo torpe de aparecer como una gestión sensible a las necesidades de sus agentes activos y sector pasivo. Ha sido tan pueril la maniobra con la que el poder pretende erigirse como el bueno de la película, que esta salida sólo sirvió para desacreditar a los gremialistas por una actitud no consensuada con los pares del interior –que reprocharon la decisión unilateral- que se observa como claudicante y tras la cual el gobierno se presenta como un generoso intérprete de los requerimientos laborales y no como el responsable de no abonar sus obligaciones en tiempo y forma. En esta coyuntura es exigible que los voceros del poder, al procurar justificativos, se comporten con mesura y prudencia, evitando incurrir en burdas contradicciones.
Por Luis María Serroels, especial para Análisis Digital
Las declaraciones del secretario de Hacienda buscando disfrazar la nada simpática decisión oficial explicando que “no es sencilla la diagramación de un cronograma de pagos, ya que no sólo hay que tener en cuenta la cuestión financiera sino también la operativa”, es de un infantilismo inapropiado, porque supone admitir la incapacidad de los organismos técnicos para resolver una cuestión que debería estar debidamente diseñada. Y en ese tren de absolver responsabilidades, se incluyó a los cajeros automáticos señalando que el sistema de esos aparatos no está preparado para un pago en dos días.
No sabemos de qué modo solucionan sus dificultades otros gobiernos que liquidan sus obligaciones de una sola vez, pero valga recordar que décadas atrás y sin el auxilio prodigioso de la informática con sus programas que todo lo resuelven en segundos, las administraciones cancelaban los pagos de haberes el último día hábil del mes incluyendo a activos y pasivos. No faltará quien lance argumentos para contrarrestar estas evocaciones que suenan extrañas, pero así como se ha agrandado fuertemente la estructura funcional del Estado y también lo ha hecho casi exponencialmente la planta de personal en todos los estamentos, se ha dotado a cada repartición del valioso aporte de la tecnología. Claro que si no hay plata, se terminan las palabras.
Según se informó, el lunes 16 se iniciará la segunda tanda de pagos con similar orden al establecido en el pago de la primera cuota, es decir que habrá quienes se encuentren con su saldo muy avanzado abril. Pero para esa mitad de mes ya habrá quienes hayan percibido el cien por ciento de sus haberes porque es usual que algunos sean más iguales que otros. Si este sui géneris método fue consensuado por ATE y UPCN con el gobernador ¿cómo se entiende que algunas seccionales de la provincia lo hayan rechazado? ¿Quién dio poder para este arreglo inconsulto? ¿En qué quedaron los consensos dentro de los sindicatos? Una cosa es la obediente actitud de un dirigente que ocupa una banca oficialista y otra la de aquel que supuestamente está libre de ataduras y sin embargo actúa funcionalmente al establishment gobernante. Y a los pasivos, ¿quién los convocó para tratar el tema? Si este mecanismo de pago se aplicara en el sector privado, seguramente los sindicatos involucrados reaccionarían muy duramente y sus comunicados serían explosivos.
La diputada provincial Rosario Romero (FEF), tras señalar que “bajo la forma de un anticipo de sueldo, en realidad se disfraza el no pago liso y llano dentro en los términos legales, y un cronograma extendido por casi todo el mes de abril”, pidió que “se llame a las cosas por su nombre: el ajuste es ajuste y el atraso salarial, atraso salarial”. Ironizando, la legisladora dijo que “ahora cualquier ajuste es denominado sintonía fina”, expresando que “sería mucho más sano hablar del tema sin tapujos con todos los sectores afectados”.
Esta crisis la venimos anticipando en esta columna tras los comicios de octubre y su aparición, en lo profesional no nos enorgullece en absoluto porque, como el médico que debe diagnosticar un problema muy grave, en lo íntimo deseamos equivocarnos. La situación sólo puede empezar a superarse en la medida que el gobierno diga toda la verdad. Si un pronosticador meteorológico advierte la llegada de un huracán, lo peor sería que lo oculte permitiendo que se quede tranquila sin adoptar medidas precautivas. La sinceridad resulta el principal componente de las acciones recuperatorias de los problemas económicos y financieros. Negarlo sería irresponsable.
Las contradicciones desde el poder se ven repotenciadas en la sensibilidad social que las recepta. Un funcionario expresó que estos cimbronazos son propios de los primeros meses del año y si uno analiza que ya se percibieron los primeros anticipos con ajustes de dos impuestos básicos como el Inmobiliario y el Automotor y que la Agencia Tributaria de Entre Ríos destacó el incremento del crecimiento en el cumplimiento de los tributos de los contribuyentes entrerrianos que es un hecho muy saludable, ¿cómo se entiende?
El propio ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero, al hacer declaraciones el 24 de marzo y aludir a la brecha registrada en términos de financiamiento del Estado, no desmintió que se esté en el orden de los 1.200 millones de pesos. El gobierno centra su preocupación en buscar ese financiamiento que se ve hoy más perentorio habida cuenta de que la nación ha decidido cerrarle el grifo a las provincias (recuérdese que el artículo122º, inciso 25º de la Constitución de Entre Ríos, preceptúa que la emisión de fondos públicos deberá tener bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración y no podrán ser aplicados a otros objetos que los fijados por la ley de su creación).
De hecho los tristemente célebres bonos de negra historia que con veleidades de moneda tapizaron la provincia en la segunda gestión de Sergio Montiel, no podrían asomar ni la nariz. “La situación es compleja a nivel general y hay que manejarse con suma cautela”, reveló el ministro y está todo dicho.
La especialista de Consultora Economía y Regiones, al analizar las perspectivas de las finanzas provinciales done se advierten signos de preocupación que llevan a buscar alternativas de financiamiento, se refirió a la situación de Entre Ríos. Al citar el sistema previsional deficitario (que también afecta a Córdoba y Santa Fe), reveló que la nación no está cumpliendo con las transferencias y por lo tanto el gobierno debe salir a cubrir ese déficit.
El problema salarial es grave porque de no hallarse auxilio externo la salida siempre desemboca en ajustes y la pregunta es ¿por dónde se empieza? ¿Por la obra Pública, con sus consecuencias no deseadas? Si, como se ha dicho días pasadas desde la Presidencia, se acabó la plata para las provincias, ¿qué opciones se escogerán, sabiendo que ninguna de ellas ha de resultar grata? Se está aguardando que la nación ponga en marcha la implementación del Programa de Sustentabilidad Fiscal prometido en el Presupuesto con destino al financiamiento de las provincias y ello coloca a sus gobernantes en una situación de impaciencia y nerviosismo. Contradiciendo a Sergio Urribarri, debemos decir que no se está frente a un federalismo de los recursos y el entumecimiento de los mecanismos destinados a socorrer a los estados del interior lo demuestra.
El problema que compromete la liquidación de haberes y que nadie puede aventurar cómo seguirá, tiene otros componentes en la globalidad que es necesario observar. Antes de consignarlo, viene bien citar que en su edición del miércoles 4, el quincenario ANALISIS de la Actualidad publica una extensa entrevista con Jorge Busti. Durante ese diálogo, el legislador revela que el tema de los pooles de siembra cuya ley fue aprobada en su gestión y promulgada en la de Sergio Uiribarri, aún no ha sido reglamentada, privando al Estado provincial de una recaudación de cuarenta millones de pesos anuales. Conviene recordar que el artículo 62 de la nueva carta provincial establece que la reglamentación de las leyes debe dictarse dentro del año de su sanción por parte del gobernador, so pena de ser demandado ante la justicia.
Las autoridades entrerrianas que atribuyen al centralismo practicar un federalismo de recursos, permanecen inmutables frente al saqueo ejercido en los porcentajes de coparticipación federal. Reparar este atropello, como lo ordena la Carta Magna de 1994 que puso como límite para ese paso al año 1996, parece no importar cuando se lleva ya 16 años de retraso para concretar la nueva legislación. ¿Cuántas dificultades se ahorraría la provincia?
Fuentes consultadas dejaron saber que el 7 de febrero último la Tesorería General de la provincia habría remitido una nota a distintos organismos oficiales, para que dispusieran de todos los fondos existentes para pagar sueldos. En el área de salud y desarrollo social la medida causó estragos, porque se vieron severamente afectados recursos relacionados, por ejemplo, con los programas Médicos Comunitarios (a los que se adeudarían varios meses), Prosane y Fess y el Plan Nacer. Se menciona además la demora en las partidas para el pago de las facturas de energía eléctrica y la falta de cancelación de pagos a proveedores.
Otra fuente indicó que en ciertas áreas no se advierte racionalización alguna en los gastos de funcionarios, registrándose récords en viáticos, en gastos personales de representación y en combustible destinado a vehículos particulares. Según datos, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda se habría visto obligado a prorrogar hasta agosto la cancelación de certificados de obras ya vencidos. Este cuadro dista mucho del contenido de los discursos oficiales que intentan exhibir una provincia sólo existente en titulares de medios periodísticos que, disciplinadamente, responden al establishment gobernante, haciendo gala de un ocultismo lamentable. Como se afirma en los títulos, aún la mejor cosmética destinada a disimular exitosamente las arrugas, no consigue borrarlas. Esto en política es muy aplicable.
Por Luis María Serroels, especial para Análisis Digital
Las declaraciones del secretario de Hacienda buscando disfrazar la nada simpática decisión oficial explicando que “no es sencilla la diagramación de un cronograma de pagos, ya que no sólo hay que tener en cuenta la cuestión financiera sino también la operativa”, es de un infantilismo inapropiado, porque supone admitir la incapacidad de los organismos técnicos para resolver una cuestión que debería estar debidamente diseñada. Y en ese tren de absolver responsabilidades, se incluyó a los cajeros automáticos señalando que el sistema de esos aparatos no está preparado para un pago en dos días.
No sabemos de qué modo solucionan sus dificultades otros gobiernos que liquidan sus obligaciones de una sola vez, pero valga recordar que décadas atrás y sin el auxilio prodigioso de la informática con sus programas que todo lo resuelven en segundos, las administraciones cancelaban los pagos de haberes el último día hábil del mes incluyendo a activos y pasivos. No faltará quien lance argumentos para contrarrestar estas evocaciones que suenan extrañas, pero así como se ha agrandado fuertemente la estructura funcional del Estado y también lo ha hecho casi exponencialmente la planta de personal en todos los estamentos, se ha dotado a cada repartición del valioso aporte de la tecnología. Claro que si no hay plata, se terminan las palabras.
Según se informó, el lunes 16 se iniciará la segunda tanda de pagos con similar orden al establecido en el pago de la primera cuota, es decir que habrá quienes se encuentren con su saldo muy avanzado abril. Pero para esa mitad de mes ya habrá quienes hayan percibido el cien por ciento de sus haberes porque es usual que algunos sean más iguales que otros. Si este sui géneris método fue consensuado por ATE y UPCN con el gobernador ¿cómo se entiende que algunas seccionales de la provincia lo hayan rechazado? ¿Quién dio poder para este arreglo inconsulto? ¿En qué quedaron los consensos dentro de los sindicatos? Una cosa es la obediente actitud de un dirigente que ocupa una banca oficialista y otra la de aquel que supuestamente está libre de ataduras y sin embargo actúa funcionalmente al establishment gobernante. Y a los pasivos, ¿quién los convocó para tratar el tema? Si este mecanismo de pago se aplicara en el sector privado, seguramente los sindicatos involucrados reaccionarían muy duramente y sus comunicados serían explosivos.
La diputada provincial Rosario Romero (FEF), tras señalar que “bajo la forma de un anticipo de sueldo, en realidad se disfraza el no pago liso y llano dentro en los términos legales, y un cronograma extendido por casi todo el mes de abril”, pidió que “se llame a las cosas por su nombre: el ajuste es ajuste y el atraso salarial, atraso salarial”. Ironizando, la legisladora dijo que “ahora cualquier ajuste es denominado sintonía fina”, expresando que “sería mucho más sano hablar del tema sin tapujos con todos los sectores afectados”.
Esta crisis la venimos anticipando en esta columna tras los comicios de octubre y su aparición, en lo profesional no nos enorgullece en absoluto porque, como el médico que debe diagnosticar un problema muy grave, en lo íntimo deseamos equivocarnos. La situación sólo puede empezar a superarse en la medida que el gobierno diga toda la verdad. Si un pronosticador meteorológico advierte la llegada de un huracán, lo peor sería que lo oculte permitiendo que se quede tranquila sin adoptar medidas precautivas. La sinceridad resulta el principal componente de las acciones recuperatorias de los problemas económicos y financieros. Negarlo sería irresponsable.
Las contradicciones desde el poder se ven repotenciadas en la sensibilidad social que las recepta. Un funcionario expresó que estos cimbronazos son propios de los primeros meses del año y si uno analiza que ya se percibieron los primeros anticipos con ajustes de dos impuestos básicos como el Inmobiliario y el Automotor y que la Agencia Tributaria de Entre Ríos destacó el incremento del crecimiento en el cumplimiento de los tributos de los contribuyentes entrerrianos que es un hecho muy saludable, ¿cómo se entiende?
El propio ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero, al hacer declaraciones el 24 de marzo y aludir a la brecha registrada en términos de financiamiento del Estado, no desmintió que se esté en el orden de los 1.200 millones de pesos. El gobierno centra su preocupación en buscar ese financiamiento que se ve hoy más perentorio habida cuenta de que la nación ha decidido cerrarle el grifo a las provincias (recuérdese que el artículo122º, inciso 25º de la Constitución de Entre Ríos, preceptúa que la emisión de fondos públicos deberá tener bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración y no podrán ser aplicados a otros objetos que los fijados por la ley de su creación).
De hecho los tristemente célebres bonos de negra historia que con veleidades de moneda tapizaron la provincia en la segunda gestión de Sergio Montiel, no podrían asomar ni la nariz. “La situación es compleja a nivel general y hay que manejarse con suma cautela”, reveló el ministro y está todo dicho.
La especialista de Consultora Economía y Regiones, al analizar las perspectivas de las finanzas provinciales done se advierten signos de preocupación que llevan a buscar alternativas de financiamiento, se refirió a la situación de Entre Ríos. Al citar el sistema previsional deficitario (que también afecta a Córdoba y Santa Fe), reveló que la nación no está cumpliendo con las transferencias y por lo tanto el gobierno debe salir a cubrir ese déficit.
El problema salarial es grave porque de no hallarse auxilio externo la salida siempre desemboca en ajustes y la pregunta es ¿por dónde se empieza? ¿Por la obra Pública, con sus consecuencias no deseadas? Si, como se ha dicho días pasadas desde la Presidencia, se acabó la plata para las provincias, ¿qué opciones se escogerán, sabiendo que ninguna de ellas ha de resultar grata? Se está aguardando que la nación ponga en marcha la implementación del Programa de Sustentabilidad Fiscal prometido en el Presupuesto con destino al financiamiento de las provincias y ello coloca a sus gobernantes en una situación de impaciencia y nerviosismo. Contradiciendo a Sergio Urribarri, debemos decir que no se está frente a un federalismo de los recursos y el entumecimiento de los mecanismos destinados a socorrer a los estados del interior lo demuestra.
El problema que compromete la liquidación de haberes y que nadie puede aventurar cómo seguirá, tiene otros componentes en la globalidad que es necesario observar. Antes de consignarlo, viene bien citar que en su edición del miércoles 4, el quincenario ANALISIS de la Actualidad publica una extensa entrevista con Jorge Busti. Durante ese diálogo, el legislador revela que el tema de los pooles de siembra cuya ley fue aprobada en su gestión y promulgada en la de Sergio Uiribarri, aún no ha sido reglamentada, privando al Estado provincial de una recaudación de cuarenta millones de pesos anuales. Conviene recordar que el artículo 62 de la nueva carta provincial establece que la reglamentación de las leyes debe dictarse dentro del año de su sanción por parte del gobernador, so pena de ser demandado ante la justicia.
Las autoridades entrerrianas que atribuyen al centralismo practicar un federalismo de recursos, permanecen inmutables frente al saqueo ejercido en los porcentajes de coparticipación federal. Reparar este atropello, como lo ordena la Carta Magna de 1994 que puso como límite para ese paso al año 1996, parece no importar cuando se lleva ya 16 años de retraso para concretar la nueva legislación. ¿Cuántas dificultades se ahorraría la provincia?
Fuentes consultadas dejaron saber que el 7 de febrero último la Tesorería General de la provincia habría remitido una nota a distintos organismos oficiales, para que dispusieran de todos los fondos existentes para pagar sueldos. En el área de salud y desarrollo social la medida causó estragos, porque se vieron severamente afectados recursos relacionados, por ejemplo, con los programas Médicos Comunitarios (a los que se adeudarían varios meses), Prosane y Fess y el Plan Nacer. Se menciona además la demora en las partidas para el pago de las facturas de energía eléctrica y la falta de cancelación de pagos a proveedores.
Otra fuente indicó que en ciertas áreas no se advierte racionalización alguna en los gastos de funcionarios, registrándose récords en viáticos, en gastos personales de representación y en combustible destinado a vehículos particulares. Según datos, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda se habría visto obligado a prorrogar hasta agosto la cancelación de certificados de obras ya vencidos. Este cuadro dista mucho del contenido de los discursos oficiales que intentan exhibir una provincia sólo existente en titulares de medios periodísticos que, disciplinadamente, responden al establishment gobernante, haciendo gala de un ocultismo lamentable. Como se afirma en los títulos, aún la mejor cosmética destinada a disimular exitosamente las arrugas, no consigue borrarlas. Esto en política es muy aplicable.
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