Los encomiables esfuerzos del gobierno por maquillar las severas dificultades que enfrentan sus finanzas y que ha tenido una manera de exteriorizarse con una novedosa fragmentación a la hora de liquidar los haberes de marzo, resultan vanos. Hablar de adelanto cuando el pago en cuotas se registra sobre mes ya vencido con haberes devengados y en consecuencia procede la cancelación total, es un modo torpe de aparecer como una gestión sensible a las necesidades de sus agentes activos y sector pasivo. Ha sido tan pueril la maniobra con la que el poder pretende erigirse como el bueno de la película, que esta salida sólo sirvió para desacreditar a los gremialistas por una actitud no consensuada con los pares del interior –que reprocharon la decisión unilateral- que se observa como claudicante y tras la cual el gobierno se presenta como un generoso intérprete de los requerimientos laborales y no como el responsable de no abonar sus obligaciones en tiempo y forma. En esta coyuntura es exigible que los voceros del poder, al procurar justificativos, se comporten con mesura y prudencia, evitando incurrir en burdas contradicciones.
Por Luis María Serroels, especial para Análisis Digital
Las declaraciones del secretario de Hacienda buscando disfrazar la nada simpática decisión oficial explicando que “no es sencilla la diagramación de un cronograma de pagos, ya que no sólo hay que tener en cuenta la cuestión financiera sino también la operativa”, es de un infantilismo inapropiado, porque supone admitir la incapacidad de los organismos técnicos para resolver una cuestión que debería estar debidamente diseñada. Y en ese tren de absolver responsabilidades, se incluyó a los cajeros automáticos señalando que el sistema de esos aparatos no está preparado para un pago en dos días.
No sabemos de qué modo solucionan sus dificultades otros gobiernos que liquidan sus obligaciones de una sola vez, pero valga recordar que décadas atrás y sin el auxilio prodigioso de la informática con sus programas que todo lo resuelven en segundos, las administraciones cancelaban los pagos de haberes el último día hábil del mes incluyendo a activos y pasivos. No faltará quien lance argumentos para contrarrestar estas evocaciones que suenan extrañas, pero así como se ha agrandado fuertemente la estructura funcional del Estado y también lo ha hecho casi exponencialmente la planta de personal en todos los estamentos, se ha dotado a cada repartición del valioso aporte de la tecnología. Claro que si no hay plata, se terminan las palabras.
Según se informó, el lunes 16 se iniciará la segunda tanda de pagos con similar orden al establecido en el pago de la primera cuota, es decir que habrá quienes se encuentren con su saldo muy avanzado abril. Pero para esa mitad de mes ya habrá quienes hayan percibido el cien por ciento de sus haberes porque es usual que algunos sean más iguales que otros. Si este sui géneris método fue consensuado por ATE y UPCN con el gobernador ¿cómo se entiende que algunas seccionales de la provincia lo hayan rechazado? ¿Quién dio poder para este arreglo inconsulto? ¿En qué quedaron los consensos dentro de los sindicatos? Una cosa es la obediente actitud de un dirigente que ocupa una banca oficialista y otra la de aquel que supuestamente está libre de ataduras y sin embargo actúa funcionalmente al establishment gobernante. Y a los pasivos, ¿quién los convocó para tratar el tema? Si este mecanismo de pago se aplicara en el sector privado, seguramente los sindicatos involucrados reaccionarían muy duramente y sus comunicados serían explosivos.
La diputada provincial Rosario Romero (FEF), tras señalar que “bajo la forma de un anticipo de sueldo, en realidad se disfraza el no pago liso y llano dentro en los términos legales, y un cronograma extendido por casi todo el mes de abril”, pidió que “se llame a las cosas por su nombre: el ajuste es ajuste y el atraso salarial, atraso salarial”. Ironizando, la legisladora dijo que “ahora cualquier ajuste es denominado sintonía fina”, expresando que “sería mucho más sano hablar del tema sin tapujos con todos los sectores afectados”.
Esta crisis la venimos anticipando en esta columna tras los comicios de octubre y su aparición, en lo profesional no nos enorgullece en absoluto porque, como el médico que debe diagnosticar un problema muy grave, en lo íntimo deseamos equivocarnos. La situación sólo puede empezar a superarse en la medida que el gobierno diga toda la verdad. Si un pronosticador meteorológico advierte la llegada de un huracán, lo peor sería que lo oculte permitiendo que se quede tranquila sin adoptar medidas precautivas. La sinceridad resulta el principal componente de las acciones recuperatorias de los problemas económicos y financieros. Negarlo sería irresponsable.
Las contradicciones desde el poder se ven repotenciadas en la sensibilidad social que las recepta. Un funcionario expresó que estos cimbronazos son propios de los primeros meses del año y si uno analiza que ya se percibieron los primeros anticipos con ajustes de dos impuestos básicos como el Inmobiliario y el Automotor y que la Agencia Tributaria de Entre Ríos destacó el incremento del crecimiento en el cumplimiento de los tributos de los contribuyentes entrerrianos que es un hecho muy saludable, ¿cómo se entiende?
El propio ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero, al hacer declaraciones el 24 de marzo y aludir a la brecha registrada en términos de financiamiento del Estado, no desmintió que se esté en el orden de los 1.200 millones de pesos. El gobierno centra su preocupación en buscar ese financiamiento que se ve hoy más perentorio habida cuenta de que la nación ha decidido cerrarle el grifo a las provincias (recuérdese que el artículo122º, inciso 25º de la Constitución de Entre Ríos, preceptúa que la emisión de fondos públicos deberá tener bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración y no podrán ser aplicados a otros objetos que los fijados por la ley de su creación).
De hecho los tristemente célebres bonos de negra historia que con veleidades de moneda tapizaron la provincia en la segunda gestión de Sergio Montiel, no podrían asomar ni la nariz. “La situación es compleja a nivel general y hay que manejarse con suma cautela”, reveló el ministro y está todo dicho.
La especialista de Consultora Economía y Regiones, al analizar las perspectivas de las finanzas provinciales done se advierten signos de preocupación que llevan a buscar alternativas de financiamiento, se refirió a la situación de Entre Ríos. Al citar el sistema previsional deficitario (que también afecta a Córdoba y Santa Fe), reveló que la nación no está cumpliendo con las transferencias y por lo tanto el gobierno debe salir a cubrir ese déficit.
El problema salarial es grave porque de no hallarse auxilio externo la salida siempre desemboca en ajustes y la pregunta es ¿por dónde se empieza? ¿Por la obra Pública, con sus consecuencias no deseadas? Si, como se ha dicho días pasadas desde la Presidencia, se acabó la plata para las provincias, ¿qué opciones se escogerán, sabiendo que ninguna de ellas ha de resultar grata? Se está aguardando que la nación ponga en marcha la implementación del Programa de Sustentabilidad Fiscal prometido en el Presupuesto con destino al financiamiento de las provincias y ello coloca a sus gobernantes en una situación de impaciencia y nerviosismo. Contradiciendo a Sergio Urribarri, debemos decir que no se está frente a un federalismo de los recursos y el entumecimiento de los mecanismos destinados a socorrer a los estados del interior lo demuestra.
El problema que compromete la liquidación de haberes y que nadie puede aventurar cómo seguirá, tiene otros componentes en la globalidad que es necesario observar. Antes de consignarlo, viene bien citar que en su edición del miércoles 4, el quincenario ANALISIS de la Actualidad publica una extensa entrevista con Jorge Busti. Durante ese diálogo, el legislador revela que el tema de los pooles de siembra cuya ley fue aprobada en su gestión y promulgada en la de Sergio Uiribarri, aún no ha sido reglamentada, privando al Estado provincial de una recaudación de cuarenta millones de pesos anuales. Conviene recordar que el artículo 62 de la nueva carta provincial establece que la reglamentación de las leyes debe dictarse dentro del año de su sanción por parte del gobernador, so pena de ser demandado ante la justicia.
Las autoridades entrerrianas que atribuyen al centralismo practicar un federalismo de recursos, permanecen inmutables frente al saqueo ejercido en los porcentajes de coparticipación federal. Reparar este atropello, como lo ordena la Carta Magna de 1994 que puso como límite para ese paso al año 1996, parece no importar cuando se lleva ya 16 años de retraso para concretar la nueva legislación. ¿Cuántas dificultades se ahorraría la provincia?
Fuentes consultadas dejaron saber que el 7 de febrero último la Tesorería General de la provincia habría remitido una nota a distintos organismos oficiales, para que dispusieran de todos los fondos existentes para pagar sueldos. En el área de salud y desarrollo social la medida causó estragos, porque se vieron severamente afectados recursos relacionados, por ejemplo, con los programas Médicos Comunitarios (a los que se adeudarían varios meses), Prosane y Fess y el Plan Nacer. Se menciona además la demora en las partidas para el pago de las facturas de energía eléctrica y la falta de cancelación de pagos a proveedores.
Otra fuente indicó que en ciertas áreas no se advierte racionalización alguna en los gastos de funcionarios, registrándose récords en viáticos, en gastos personales de representación y en combustible destinado a vehículos particulares. Según datos, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda se habría visto obligado a prorrogar hasta agosto la cancelación de certificados de obras ya vencidos. Este cuadro dista mucho del contenido de los discursos oficiales que intentan exhibir una provincia sólo existente en titulares de medios periodísticos que, disciplinadamente, responden al establishment gobernante, haciendo gala de un ocultismo lamentable. Como se afirma en los títulos, aún la mejor cosmética destinada a disimular exitosamente las arrugas, no consigue borrarlas. Esto en política es muy aplicable.
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