La Asamblea
General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), celebró en Almería su X Congreso, durante el cual ha aprobado la "Declaración de
Almería sobre Buen Gobierno y Calidad de la Democracia Local", que incluye
varias propuestas para mejorar la administración de los municipios.
La declaración
ha sido suscrita por cerca de 500 directivos y gestores públicos de diecisiete
países iberoamericanos.
El texto, en
cuya elaboración se ha trabajado durante tres meses y que ha sido aprobado
en la Asamblea de la UIM celebrada en Roquetas de Mar (Almería), invita a los
gobiernos locales a comprometerse con el "respeto a la democracia y los
procesos de control, a la transparencia y la legitimidad de sus
políticas".
Asimismo,
propone que se asegure "el protagonismo popular en la creación e
implementación de sus políticas públicas", con el objetivo de alcanzar
"democracias plenas" y "construir municipios donde la
solidaridad, la tolerancia, el bienestar y la prosperidad sean una
constante", y en los que "los ciudadanos comiencen a sentirse
realmente partícipes y representados".
La
Declaración advierte de que el actual contexto socioeconómico representa un
reto para los gobiernos locales, y estima que por ello es necesario un
"fuerte impulso de renovación y cambio, tanto en lo que se refiere a la
calidad democrática y formas de ejercer el gobierno, como a la calidad,
eficiencia y creación de valor en el funcionamiento de los servicios
públicos".
Además,
subraya que "los ciudadanos son cada vez más exigentes con la
Administración" y por ello "demandan mayor transparencia, más
eficacia y mejor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos", a
lo que hay que responder con nuevos sistemas de información "más
eficaces" y mecanismos que permitan a los ciudadanos "exigir
verdaderas responsabilidades".
El texto
señala que, en muchos casos, "la conexión de los ciudadanos con el
gobierno local queda relegada, casi en exclusiva, a procesos electorales
periódicos", y por ello apuesta por "ingeniar mecanismos
institucionalizados, pero también informales, que fortalezcan los canales de
conexión entre el sistema político local y la ciudadanía".
La
Declaración ha sido suscrita por autoridades, directivos y gestores públicos
procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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