Durante el año 2010 la República Argentina recuerda el bicentenario de la Revolución de Mayo, antesala para la Independencia dictada en 1816 y su organización política mediante la Constitución de 1853, culminado en 1860 con la incorporación definitiva de la Provincia de Buenos Aires que dio lugar al estado nacional actual. Sin embargo, las profundas diferencias políticas expresadas durante ese periodo de 50 años entre el interior y la capital del país, se reflejan actualmente en el debate nacional.
Las provincias, preexistentes a la creación de la República Argentina bajo un sistema republicano, representativo y federal lucharon contra el centralismo porteño, especialmente económico, ejercido a través de la jurisdicción sobre las Aduanas que existían por ese entonces.
Hoy, especialmente reflejada en la crisis del campo a principios del año 2008, se visualiza la falta de resolución de aquel conflicto, que en pleno siglo XXI significan anualmente más de 8.000 millones de dólares que son retenidos por el Estado Nacional, en detrimento de la producción provincial local.
A partir de esta crisis comienza en el país una profunda discusión sobre la supervivencia del sistema federal, basado fundamentalmente en la coparticipación de impuestos que permite a los gobiernos locales administrar recursos genuinos y coparticipables del Estado Nacional, otorgándole independencia económica.
Es ese principio básico el que se ve altamente perjudicado a partir de medidas económicas de los Gobiernos Nacionales en la década del 90 que se profundizan a partir de la crisis del año 2001. La Ley de Coparticipación de 1988 retrae un 1% de los fondos coparticipables para la conformación del Fondo de Ayudas del Tesoro Nacional (ATN), los Pactos Fiscales de 1992 y 1993 destinan un 15% para la cobertura del déficit previsional y transfieren servicios de salud, educación, seguridad y servicios sin sus recursos, la Ley de Competitividad crea el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (impuesto al Cheque) que priva a las provincias de 23.500 millones de pesos anualmente y los derechos de exportación, coparticipables luego de 143 años en un 30% a través del injusto y discriminatorio Fondo Solidario de la Soja creado en 2009, son sólo la punta de este iceberg. En un periodo de 20 años, las provincias argentinas perdieron gran parte de sus ingresos coparticipables a manos del Estado Nacional quien intenta demostrar la vigencia del federalismo a través de la distribución directa y discriminada de fondos especialmente destinados a obras públicas.
Las consecuencias de este proceso sobre el aspecto político de los gobiernos provinciales y municipales ponen en duda la vigencia del sistema federal que si bien funciona en lo institucional desde un punto de vista económico ha producido una marcada centralización de recursos con la pérdida inevitable de la independencia en todos sus sentidos.
El grave problema planteado no se resuelve totalmente con modificaciones parciales de esas leyes. Tampoco lo hace la posible y casi remota modificación de la Ley de Coparticipación Federal, que distribuiría los mismos recursos provocando enfrentamientos estériles entre los gobiernos provinciales. El país necesita transparentar su sistema de recaudación coparticipable y para ello es necesario reunir los fondos dispersos en estos artilugios económicos en una sola norma que contemple índices más actuales y medibles para su distribución.
El sistema federal está en juego. Estamos asistiendo a una bisagra en la historia de nuestro país cuyo futuro dependerá de la defensa de los principios que hace 200 años nos dieron origen como nación.
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